Agilidad en la acogida
Se priorizará el acogimiento familiar
para los menores de seis años de edad y se desjudicializará el proceso de modo
que sea la administración la que decida dónde aloja al menor sin que el recurso
de los padres biológicos le condene a permanecer en un centro, como viene
ocurriendo. Además, los padres podrán recurrir la declaración de desamparo
--que se define unificando criterios a nivel estatal y estableciendo que no podrá
declararse en base exclusivamente a la pobreza o discapacidad de los padres del
menor--, pero en tanto se dirime ese recurso, el niño estará en una familia de
acogida y no en un centro. Para estos establecimientos, como para los de
menores con trastornos de conducta, la ley fija las condiciones mínimas y
regula su funcionamiento.
Es una de las medidas que podrán comenzar
a aplicarse al día siguiente de la entrada en vigor. La Administración apunta
que más 13.500 niños bajo tutela del Estado podrán dejar el centro para vivir
con familias de acogida.
Además, estas familias deberán probar su
idoneidad y ser evaluadas por las autoridades competentes. Podrán estar en una
comunidad autónoma distinta, ya que se creará un mecanismo interterritorial de
acogida. Esto permitirá que una región recurra a otra en caso de no contar con
familias disponibles.
Más facilidades en la adopción
Se creará un sistema adopción abierta
para los casos en los que el menor quiera seguir manteniendo relación con su
familia biológica. Por otro lado, se establecerán criterios comunes para que
los padres de acogida puedan adoptar, se regulará el derecho los niños a
conocer su pasado y se creará un registro unificado de maltrato infantil de
libre acceso para todos servicios sociales de España.
Los menores, reconocidos como víctimas
El texto reconoce como víctimas de
violencia de género a los menores, es decir, que dispondrán de la misma
protección que la ley brinda actualmente a sus madres. Los hijos de un
matrimonio en el que un cónyuge mate al otro podrán cobrar la pensión de
orfandad completa, aunque el asesino siga con vida, y se le reconocerá el cien
por cien de la base reguladora. En este sentido, las personas que maten a otro
pariente no podrán cobrar la pensión que su muerte genere.
Registro de delincuentes sexuales
Los condenados por delitos contra la
libertad sexual, trata de seres humanos y explotación de menores deberán estar
inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que también incluirá
información genética sobre los delincuentes.
Por otro lado, aquellos trabajadores que
tengan contacto habitual con menores deberán probar, mediante una certificación
del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que no ha sido condenado por
delitos de esta índole, como ya ocurre en países como Reino Unido o Francia
desde 2010.
Víctimas de la trata de personas
Se amplía de 30 a 90 días el periodo de
reflexión que se concede a las víctimas de trata para que decidan si quieren
colaboran o con la justicia en la investigación de los delitos que les afectan.
También se quiere premiar a los que den empleo a estas personas. La
bonificación para el empleador será de 125 euros al mes durante dos años por
cada trabajador contratado de forma indefinida.
Otras medidas
La realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto deberán realizarse dentro de la jornada
laboral. Las familias numerosas conservarán el título mientras que al menos uno
de los hijos cumpla los requisitos.
Fonte: lainformacion.com